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divendres, 30 de setembre del 2011

Embargo de 618 millones a los Ruiz Mateos por el agujero patrimonial de Dhul


El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha acordado embargar cautelarmente bienes del patriarca de la familia Ruiz-Mateos y dos de sus hijos por importe de 618,26 millones de euros para cubrir el agujero patrimonial del fabricante de postres Dhul, en concurso de acreedores.

En un auto publicado hoy, el juez Blas González considera afectados por el embargo los potenciales derechos de cobro que tengan José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada y sus hijos Javier Ruiz-Mateos y Álvaro Ruiz-Mateos por la venta de las empresas de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, propiedad de Ángel de Cabo.
Respuesta a los inversores

El juzgado da un plazo de cinco días a los nuevos y antiguos propietarios para que aporten "todos los documentos privados y públicos que hayan suscrito para formalizar y ejecutar la operación".

Además, los Ruiz-Mateos deberán proporcionar al juzgado una relación de todos los bienes y derechos de los que dispongan para cubrir el importe embargado, con aviso de que pueden enfrentarse a sanciones por "desobediencia grave" si incumplen la orden judicial.

El juzgado de Granada responde de esta forma a la petición formal realizada por 34 inversores en pagarés para que se tomara esta medida. Los afectados reclamaban que la administración concursal de Dhul iniciase el embargo preventivo ante la posibilidad de que el concurso de acreedores de Dhul acabe en liquidación y la familia fuese declarada culpable.

En su escrito, los inversores destacaban supuestas irregularidades que según la administración concursal han cometido los integrantes de la familia, como alteraciones contables, salida injustificada de fondos hacia otras sociedades del grupo y estrategias para sacar provecho de la marca al registrarla a nombre de otra sociedad.

Dhul suspendió ayer su junta general ante la ausencia de Álvaro Ruiz-Mateos y de Back in Business. En la Junta, convocada por el propio Ruiz-Mateos, se tenían que aprobar las cuentas de 2010, pero no pudo constituirse al no haber acudido ni el accionista mayoritario, ni el administrador único, que "tiene el deber legal de acudir".